Gideon Sa’ar, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, de extrema derecha, descargó el martes 8 de septiembre toda su ira contra las autoridades británicas. Acusaciones como “injerencia flagrante”, “actuación moralmente perversa” y “mentiras descaradas” fueron parte de una verborrea que, por el momento, ha dejado al margen a Francia y Canadá, aunque quizá solo sea de forma provisional.
De hecho, estos dos Estados se han sumado al Reino Unido y a otros nueve países —entre los que se encuentran España, Polonia, Portugal, Suecia, Dinamarca e Irlanda— para anunciar, mediante una declaración conjunta, su intención de restringir el comercio de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania.
Aunque la mayoría de los signatarios barajan la adopción de medidas nacionales o afirman apoyar restricciones a nivel europeo, Francia, Canadá y el Reino Unido son los únicos que han anunciado de forma concreta la próxima aplicación de una prohibición nacional de las importaciones procedentes de los asentamientos ilegales en territorio palestino.
Irlanda, Países Bajos, Bélgica y España ya han adoptado, o están a punto de hacerlo, restricciones de este tipo. “Pero el hecho de que Francia y el Reino Unido, dos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sigan el mismo camino reviste una importancia significativa. Esto aumenta la presión política y económica sobre Israel”, comenta Hussein Baoumi, experto en Oriente Medio y asesor en “riesgo político”.
El Reino Unido es la punta de lanza de esta coalición y, por lo tanto, es contra él contra quien se ha dirigido la ira de los dirigentes israelíes. El cambio de primer ministro laborista, con la sustitución de Keir Starmer por Andy Burnham, ha sido crucial. Este último, que se había comprometido a distanciarse de la complacencia mostrada durante mucho tiempo hacia el Estado hebreo, ha anunciado que reiniciará por completo sus relaciones con el Gobierno israelí.
En un artículo de opinión publicado el martes en el diario británico The Guardian, Andy Burnham escribe: “Llevamos años abogando por una solución de dos Estados en Oriente Medio, pero debemos reconocer que estas palabras no tienen ningún sentido si no van acompañadas de acciones concretas. Durante demasiado tiempo hemos dudado en actuar, por miedo a que se nos acusara de ser anti-Israel. Hoy anunciamos medidas meditadas y específicas que no van dirigidas contra el pueblo israelí, sino contra las políticas inaceptables [de su] Gobierno”.
Poco antes, durante un discurso en la Cámara de los Comunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, denunció con firmeza la expansión sin precedentes de los territorios colonizados en Cisjordania, la violencia terrorista de los colonos y la “limpieza étnica” en curso.
Miliband dio a conocer ante los diputados y diputadas una serie de medidas concretas: nuevas sanciones contra los colonos; la denegación de cualquier licencia de exportación de armas o material que contribuya a la ocupación; la prohibición en el Reino Unido de anuncios, en particular inmobiliarios, que fomenten la colonización y también sanciones contra las empresas que presten servicios para facilitar la expansión de los asentamientos, en los ámbitos de la construcción, las infraestructuras o las finanzas.
Francia, al igual que otros países miembros de esta coalición, se muestra más tímida a la hora de expresar sus quejas. El ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot asegura, por ejemplo, que esta medida “no es un boicot a Israel”, sino una aplicación del derecho internacional.
En su declaración conjunta, los doce gobiernos denuncian asimismo los desplazamientos forzados de palestinos y el acaparamiento de tierras. En concreto, la puesta en marcha del proyecto de colonización en la zona “E1”, al este de Jerusalén, constituye una línea roja para estos gobiernos, ya que dividiría Cisjordania en dos, lo que aniquilaría toda esperanza de que algún día surgiera un Estado palestino.
Responder con un cese de las importaciones de bienes procedentes de los territorios ocupados es lo “mínimo imprescindible”, opina Claudio Francavilla, director asociado de la oficina europea de la ONG Human Rights Watch. “Es incluso una obligación legal”, insiste. “Como recordó el Tribunal Internacional de Justicia en 2024, los Estados deben poner fin a las relaciones comerciales que contribuyan a la situación ilegal creada por Israel”.
“Desde siempre”, prosigue Claudio Francavilla, “oigo discursos que denuncian la ocupación y, sin embargo, los territorios palestinos están anexionados. Las declaraciones no han impedido los desplazamientos forzados, el apartheid y las limpiezas étnicas. Por lo tanto, es hora de actuar. Aunque las medidas anunciadas no sean más que un pequeño paso ante la magnitud de los abusos sufridos por los palestinos, se trata de un paso muy notable”.
Estos doce gobiernos han dado a conocer su postura en el marco de una coalición ad hoc. Aunque pertenecen a la Unión Europea (UE), algunos han eludido este marco al no haber logrado que se aprueben sanciones significativas en su seno. Las medidas en este sentido se cortan de raíz en el Consejo de la Unión Europea, donde las negativas categóricas de Alemania e Italia bloquean cualquier iniciativa.
La prohibición de las importaciones de productos procedentes de los asentamientos se lleva debatiendo desde hace meses, sin avances tangibles. “Hay una enorme frustración en algunos Estados miembros, por lo que había que hacer algo, aunque fuera al margen del marco europeo”, señala un diplomático.
Para Martin Konečný, director de la ONG European Middle East Project, la declaración de hoy tendrá consecuencias a nivel comunitario. “Esta toma de posición pública de aliados clave de la UE y de Francia, un Estado miembro de gran peso, aumentará la presión sobre la Comisión Europea”, estima. “Su presidenta, Ursula von der Leyen, ha hecho todo lo posible por frenar las iniciativas en este ámbito, creyendo erróneamente que así el tema desaparecería del radar”.
El discurso anual de la presidenta de la Comisión sobre el estado de la Unión está previsto para el 16 de septiembre. Le resultará difícil eludir el tema, sobre todo teniendo en cuenta que la política comercial es competencia comunitaria. Desde un punto de vista puramente técnico, la multiplicación de las prohibiciones nacionales de importación y su coexistencia con regímenes menos estrictos fragmentará, además, el mercado interior, lo que podría empujar a la Comisión a salir de su letargo.
“La Comisión debe presentar esta propuesta de prohibición de importaciones a los ministros competentes”, opina Claudio Francavilla, de Human Rights Watch. “Los gobiernos tendrán que pronunciarse y dejarse de excusas”.
Para Hussein Baoumi, la postura de los doce gobiernos podría incluso tener repercusiones inesperadas en las primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos: “Si países aliados, como Canadá, el Reino Unido o Francia, adoptan tales prohibiciones, los candidatos podrían, a su vez, hacer suya dicha propuesta”.
Por el momento, en los Estados Unidos de Donald Trump, las reacciones son muy diferentes. Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, ha amenazado con “represalias” a los defensores de una medida tan “irracional”. Marco Rubio, secretario de Estado americano, se ha abstenido de hacer comentarios, aunque ha asegurado que Estados Unidos no seguirá el camino británico.
En Israel, Gideon Sa’ar ya ha anunciado el cierre del consulado británico en Jerusalén Este y la exclusión del Reino Unido del mecanismo de coordinación de la ayuda humanitaria para Gaza.
Traducción de Miguel López
